Al mediodía del jueves 22 de octubre, la protesta se materializó a las afueras de las instalaciones del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAP), donde ejidatarios y pequeños propietarios de Purísima del Rincón, respaldados por campesinos de la región, se posicionaron con pancartas y lonas para externar un rechazo absoluto al paso del Tren Interurbano por sus tierras de cultivo.
La molestia ciudadana no brotó de un temor infundado, sino de una profunda indignación provocada por los métodos con los que personal federal ingresó a los predios. De acuerdo a testigos de los mismos ejidatarios, sin permisos ni autorizaciones previas firmadas, operadores del proyecto ingresaron desde hace cuatro meses a las propiedades acompañados de drones y escoltados por elementos de la Guardia Nacional con uniformes de tono morado y armas largas, negándose a dar explicaciones a los legítimos dueños.
“Estamos aquí porque dimensionamos la afectación a nuestros terrenos… No estamos aquí nada más con un temor infundado. De hecho, no estamos con temor. Estamos aquí con una indignación. Indignados porque quieren ultrajar nuestras tierras” comentó uno de los representantes.
El tamaño del daño: Las afectaciones en cifras según los ejidatarios
La Unión de Ejidos y Comunidades, pequeños propietarios, agricultores y ganaderos sostuvieron durante la reunión un rechazo frontal bajo una premisa clara: su oposición no responde a intereses políticos ni a una postura en contra del progreso, sino a la inminente destrucción del corazón productivo de Purísima del Rincón.
El anteproyecto contempla 22 kilómetros de vía férrea cruzando de la cabecera municipal hasta la comunidad El Gallo, afectando de manera directa a 16 ejidos y comunidades, por lo que los “estragos” proyectados por los productores enumeran pérdidas devastadoras plasmadas en un documento que presentaron ante las autoridades.
Los datos:
- Pérdida directa de suelo productivo: Se comprometen 2,300 hectáreas en total, divididas en 1,100 hectáreas de riego, 600 hectáreas de temporal y 600 hectáreas de agostadero.
- Impacto en la soberanía alimentaria: Representa la pérdida de 20,000 toneladas de grano anuales. Tomando en cuenta que en el municipio se siembran 13,083 hectáreas, la obra mutilaría directamente el 65% de la superficie agrícola local.
- Destrucción de infraestructura hídrica y eléctrica: Se anularían 9 pozos agrícolas con sus respectivos estanques de almacenamiento, 24 kilómetros de red de riego, 27 kilómetros de red eléctrica, 30 kilómetros de canales de desagüe y 50 kilómetros de caminos saca-cosechas.
- Impacto social y patrimonial: La destrucción directa de 15 viviendas de familias que perderán su hogar y 6 bodegas agrícolas afectadas.
- Golpe al empleo: La desaparición estimada de 5,000 fuentes de empleo directo en el sector primario.
- Afectaciones indirectas: Alrededor de 6,200 hectáreas agrícolas adicionales sufrirán daños colaterales debido al incremento en costos de producción, alteración de accesos y el bloqueo de ríos y arroyos vitales que alimentan embalses históricos como la Presa Vieja y la Presa Nueva Santa Efigenia en Jalpa de Cánovas.
- Soberanía ganadera: En las 600 hectáreas de agostadero se perderían 20 bordos de captación de agua para abrevadero y pastizales, encareciendo insosteniblemente la crianza de 2,000 cabezas de ganado.
- Daño ambiental: Consecuencias irreversibles sobre la flora y fauna local dentro de un Área Natural Protegida ubicada en los ejidos involucrados.
Ante la perspectiva de una indemnización económica, los ejidatarios fueron tajantes sobre el valor intangible de su patrimonio:
“Pero si esa indemnización es a cambio de un terreno que da sustento a mi familia, que da sustento a mi comunidad, no hay precio que pueda pagarse. Porque con la indemnización que me den, ¿en dónde compro otro terreno para poder seguir sembrando? No se puede”, añadieron.
Los argumentos técnicos: Inestabilidad, división territorial e inviabilidad histórica
Más allá del impacto numérico, los habitantes y la misma dirección de Planeación Municipal (IMPLAN) expusieron tres argumentos críticos que desacreditan la viabilidad del trazo actual:
- Inestabilidad del suelo: La geografía de la zona se compone de terrenos fangosos y altamente propensos a inundaciones en temporada de lluvias. Un terraplén ferroviario o vía elevada funcionaría como una cortina artificial, represando el escurrimiento natural y anegando de forma permanente kilómetros de tierras altamente productivas.
- Fractura social y territorial: El Instituto Municipal de Planeación advirtió que el trazo actual parte el municipio en dos, dejando en estado de vulnerabilidad a 35,000 habitantes distribuidos en 110 localidades rurales de la zona sur.
- Inviabilidad histórica y económica: Los productores recordaron que el transporte ferroviario de pasajeros ya operó en la región en el pasado y demostró no ser costeable ni cubrir las necesidades reales de movilidad. Hoy en día, la dependencia del transporte público masivo en Purísima es mínima, ya que gran parte de las familias cuenta con vehículos propios impulsados por la economía local y el flujo de remesas.
La contraparte: Justificación estatal, soluciones de ingeniería y la postura federal
Tras la presión ejercida, se abrió una mesa de diálogo a puerta cerrada donde confluyeron líderes ejidales, autoridades del municipio, representantes del Gobierno del Estado e ingenieros del gobierno federal.
La representación estatal expuso que el proyecto responde a una solicitud directa de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para conectar a León con los Pueblos del Rincón, agilizando el traslado de estudiantes y trabajadores hacia los corredores industriales.
Por su parte, los ingenieros federales, representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, aseguraron que cualquier inconveniente de carácter hidrológico, de riego o vial puede solventarse mediante obras de ingeniería compensatorias, tales como canalizaciones, simulaciones de escurrimientos y pasos laterales, minimizando la afectación real en parcelas bajo el argumento de que las franjas de afectación directa podrían restringirse a unos 15 metros por lado.
Por lo que, el gobierno estatal sugirió permitir la ejecución de estudios técnicos y de mecánica de suelos para sopesar pros y contras con base científica, garantizando que ninguna piedra sería colocada sin un acuerdo previo firmado con los propietarios.
Alternativas sobre la mesa y acuerdos de la minuta
Para destrabar el conflicto sin vulnerar los derechos de los propietarios, la Dirección de Planeación Municipal —representada por la arquitecta Beatriz Ponce Márquez— y los ciudadanos presentaron propuestas concretas:
- Desviación hacia la Zona Norte: Marchar el trazo hacia la zona norte del municipio, caracterizada por suelos tequesquitzosos sin aptitud agrícola y con nula presencia de población rural vulnerable, reduciendo drásticamente el costo social y ambiental.
- Uso del derecho de vía existente: Analizar la viabilidad técnica de correr el tren de pasajeros de manera paralela a las vías de carga ya establecidas bajo titularidad federal, evitando seccionar nuevas tierras productivas.
- Estudios técnicos simultáneos: Conducir investigaciones geográficas, ambientales y sociales de forma paralela en las tres alternativas de trazo propuestas, aprovechando la cartografía y los registros catastrales y hídricos del municipio.
La reunión concluyó con la firma de una minuta oficial que incorporó formalmente el escrito de protesta de la Unión de Ejidos de Purísima del Rincón y un documento técnico entregado por Luis Flores Saldaña a nombre de la Unidad de Riego de la Presa Echeverría..
Mientras que las autoridades federales y estatales asumieron el compromiso de reevaluar las alternativas de trazo en coordinación con el municipio vecino de San Francisco del Rincón, bajo la promesa institucional de que el diálogo continuará con propuestas viables y respetuosas del campo purisimense.
