Para la Universidad de La Salle Bajío, la deuda de una sentencia para que pueda pensionarse su exdocente Marco Antonio Moreno, es historia; para los tribunales federales, es un mandato vigente.
La reciente respuesta de la institución educativa, donde asegura haber cumplido “en tiempo y forma” y no tener notificaciones del IMSS, choca de frente contra la cronología legal. Mientras la universidad afirma ante la opinión pública que se resolvió el año pasado, los documentos oficiales cuentan una historia muy distinta de incumplimiento actual.
Los hechos vs los dichos
Tras la denuncia pública, la Universidad De La Salle Bajío emitió una postura oficial donde niega tener adeudos y afirma que el caso concluyó en octubre de 2024.
Sin embargo, la versión de la universidad choca frontalmente con la realidad jurídica documentada en el expediente 2221/2015:
- ¿Caso cerrado en 2015? La universidad sostiene que finiquitó al docente “conforme a la ley” en 2015. Esto se contradice con la sentencia federal (Laudo) de 2021, que condenó a la institución. Si el finiquito hubiera sido correcto, ¿el juicio habría continuado y la universidad habría sido condenada seis años después? Es “Cosa Juzgada”.
- El adeudo existe: La Salle afirma no tener deudas fiscales. No obstante, documentos oficiales confirman que, al día de hoy, las cuotas obrero-patronales retroactivas siguen sin pagarse al IMSS, bloqueando la jubilación del profesor.
- El requerimiento “fantasma”: La institución asegura no haber sido notificada por el IMSS. Esto deja dos opciones alarmantes: o La Salle Bajío falta a la verdad, o la Jefatura Jurídica del IMSS no ha cumplido en entregar la orden cobro o embargo emitida apenas el 31 de enero de 2025 (tres meses después en que la universidad afirma “concluyó” el caso), confirmando la red de omisiones que denuncia el docente.
Mientras la universidad declara proteger a sus colaboradores con “condiciones dignas”, la realidad documentada es que su exprofesor de 73 años sigue sin pensión y con una sentencia federal incumplida.
Conoce aquí, de dónde surgió este caso que ha derivado de 10 años de lucha legal del profesor de la tercera edad en busca de su pensión.
