Tener la razón absoluta ante la ley no ha sido suficiente para Marco Moreno. A sus 73 años vive una paradoja cruel: venció en los tribunales, pero el sistema lo mantiene sin retiro.
A la par de luchar por las secuelas de un infarto cerebral y una trombosis, se enfrenta a la burocracia que no ejecuta la justicia que ha buscado durante diez años, convirtiendo su retiro en una carrera de resistencia contra dos gigantes: una universidad que no paga y un Seguro Social que no cobra.
La “Camiseta Puesta”
Desde 1992 y ya con trayectoria previa, impartió clases donde logró excelencia académica en matemáticas con algunos de sus grupos; también enseñó materias humanistas. Pero bajo la superficie de la enseñanza, existía una irregularidad administrativa: la universidad (bajo la razón social Educación, Investigación y Cultura de San Francisco del Rincón A.C., registrada en León) omitió el pago de un número significativo de cuotas patronales.
Al acercarse su edad de retiro, el profesor solicitó regularizar su estatus ante el Seguro Social para poder jubilarse. La respuesta no fue de apoyo, sino de “hielo” y reducción de horas hasta el despido injustificado en octubre de 2015, tras 23 años de trabajo. Ahí comenzó la batalla legal (expediente 2221/2015) para reclamar lo que por ley le correspondía: sus prestaciones laborales y de seguridad social.
“Hasta donde pude compartí mi tiempo a la enseñanza, siempre me puse la camiseta. Me sorprendió cuando me dieron la espalda viendo solo sus intereses”, mencionó en entrevista.
Ganar el Juicio, Perder el Tiempo
El litigio se convirtió en un laberinto que duró años. La Junta de Conciliación y Arbitraje emitía fallos incompletos, obligando al profesor a recurrir repetidamente al Juicio de Amparo Directo, una herramienta federal para proteger sus derechos ante los errores de la autoridad local.
Finalmente, tras la intervención del Tribunal Colegiado (2do. del circuito 16 laboral), en diciembre de 2021 se emitió el Laudo Definitivo e Inapelable. Esta sentencia condenó a la universidad a dos cosas:
- El pago de la Indemnización Constitucional y salarios caídos, que la universidad se vio obligada a cumplir tras meses de insistencia.
- El pago retroactivo de las Cuotas Obrero-Patronales al IMSS e INFONAVIT. Esta segunda parte es la clave: sin ese “capital constitutivo”, el profesor no tiene las semanas cotizadas para su Pensión por Vejez. Esta obligación quedó pendiente y aún sin cumplir.
En medio de todo este calvario burocrático, el “profe Marco” sufrió de una trombosis y después un infarto en el cerebelo, aferrando la voluntad para recuperarse, aunque con secuelas en su salud.
El IMSS y la Omisión de la Jefatura Jurídica
Con el laudo dándole la razón, la Junta de Conciliación facultó al IMSS para actuar como autoridad fiscalizadora y cobrarle a La Salle Bajío; pero el Instituto se convirtió en un muro. Durante la gestión de Luis Montes en la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Guanajuato, el IMSS recibió más de 10 notificaciones para que actuara. Todas fueron ignoradas, hasta que el titular dejó ese puesto.
El absurdo llegó al punto de que, en 2024, el IMSS alegó “no encontrar los documentos” del expediente administrativo, obligando a reponerlos. A la fecha, se estima un adeudo superior a los 2.9 millones de pesos en perjuicio del IMSS; dinero que la universidad retiene y que es indispensable para pensionar al profesor.
El Embargo que no Llega (El Artículo 291)
La situación actual es de presunto desacato. Desde el 31 de enero de 2025, la autoridad laboral activó el mecanismo más fuerte de la ley: ordenó el cobro a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).
Bajo el Artículo 291 (del título 5to. Capítulo 2, sección 1era.) de la Ley del Seguro Social, el IMSS tiene la obligación y la facultad de embargar bienes para cubrir el crédito fiscal si la universidad no paga.
Se han girado requerimientos e invitaciones de pago a La Salle Bajío, que sigue haciendo caso omiso. Inexplicablemente, el IMSS no ha dado el paso final para ejecutar el embargo, manteniendo al profesor en estado de indefensión.
“Solo quiero que cumpla lo justo. El tiempo me ha ido agotando, pero no mi deseo de que se haga lo correcto, nunca he querido perjudicar a nadie”, finalizó el profesor Marco Antonio.
La pregunta queda en el aire como las promesas: ¿Por qué una institución educativa, que promueve valores humanos, evade una sentencia federal por tantos años dejando a su exprofesor desprotegido? Y: ¿Quién dentro del IMSS ha retrasado tanto la ejecución del crédito fiscal, negándole a un adulto mayor su derecho a la seguridad social?
Hasta el momento la universidad se limitó a un comunicado donde sostiene “que no se tiene ningún adeudo fiscal ni de seguridad social ante las autoridades”.
